miércoles, 25 de octubre de 2017

El Derecho en la colonización de América

Dedicado a la Facultad de Derecho de la UNSAAC, en su CCXXVI aniversario 
Detalle de pintura de Tadeo Escalante.
Iglesia de San Juan Bautista de Huaro
La colonización de América fue una colonización de antiguo régimen. La Corona española implantó en el mundo indígena formas, instituciones jurídicas, y un sistema político, premoderno, monárquico y cortesano. La empresa colonial fue legitimada teóricamente por el naturalismo jurídico escolástico, y fue implementada por una corte de burócratas administradores de justicia de segundo orden que actuaron día a día en contacto directo con la población aborigen.
El sistema colonial tuvo el objetivo “natural” de desmantelar el ordenamiento jurídico/político americano. Para ello se basó en una cultura jurídica/teológica que permitía la protección sólo de los derechos, y la subsistencia de las instituciones, que tuvieran sentido para la Iglesia y los invasores.[1] La llegada de los españoles en 1532, comenzó la demolición del proceso de unificación jurídica y política del Tawantinsuyo, se trataba en los esquemas coloniales de derribar la sociedad política autóctona y para eso era fundamental desconocer el ordenamiento precolombino y reemplazarlo por otro Derecho sustentado en la forma cómo los españoles imaginaban a los indígenas.
Utilizando la escolástica medioeval cristiana, los juristas de la Escuela de Salamanca, aportaron a este imaginario[2]. Con la teoría que justificaba la “guerra justa” contra los indígenas, y con la legitimación de la conquista, trasplantaron al nuevo mundo las instituciones de la feudalidad peninsular. La invasión occidental, que incorporó abruptamente a las naciones andinas al capitalismo y el colonialismo, generando una de las mayores hecatom­bes humanas, fue una empresa militar, pero de manera sobresaliente fue una empresa jurídica, de implementación del Derecho imperial.
Sin embargo, junto a la realización del imperialismo jurídico, los colonialistas preservaron algunas instituciones normativas y estructuras de poder precolombinas que les interesaban para desenvolver su dominio. Éstas se tradujeron al Derecho y la administración de justicia de los conquistadores, como centro de la relación colonial.
Con estas imposiciones y sobrevivencias jurídicas, la Colonia gestionó racionalmente la desestructuración de los pueblos originarios, y manejó el desmantelamiento de sus estructuras económicas, sociales y de sus sistemas religiosos. El control del territorio, y de la población indígena, se efectuó según instrumentos normativos, legales, fiscales y políticos que reprodujeron las modalidades de guerra propias de la sociedad española de la reconquista de la península Ibérica.
 El primer punto de quiebre con el sistema autóctono fue la transformación de los derechos ancestrales en derechos coloniales, el cambio de las prácticas nativas a las prácticas españolas. El segundo fue la reorganización del territorio. Con la llegada de los españoles la mayor parte comunidades indígenas fueron desaparecidas completamente, trasladadas, reestructuradas o fundidas con otras comunidades.[3]
La Conquista socavó las estructuras prehispánicas de regulación de los conflictos e impuso nuevas instancias que desestructuraron las sociedades autóctonas. El “nuevo Derecho” fue un efecto del dominio político, de la reestructuración colonial de las sociedades indias, de la integración de las instituciones hispánicas impuestas por los invasores y adoptadas por los vencidos. La incorporación de los indígenas a la monarquía hispánica a través del Derecho y la administración de justicia, la aceptación y el sometimiento al orden colonial por parte de los propios pueblos originarios, son centrales para comprender cómo la colonia pudo implantarse, consolidarse y mantenerse con relativa facilidad. 
Leyes de Indias. Archivo Universidad de Sevilla
La implantación/aceptación del Derecho colonial se produjo en un contexto de antiguo régimen, descrito como un modelo de dominación que da nacimiento a la diferenciación social en dos grandes categorías, los indios y los españoles. Se trata del nacimiento mismo del indio como categoría social y jurídica, sin tomar en cuenta las identidades étnicas diversas de las naciones autóctonas precolombinas.[4]  

Se trata también de una sociedad que permite la sobrevivencia de caciques, curacas y otros intermediarios que tuvieron que enfrentarse a la llegada de los invasores.  Esta nobleza indígena tuvo que adaptarse y renovar las normas antiguas de su autoridad en el nuevo contexto colonial: “Garantes de la reproducción de los grupos de parentesco (…) continuaban repartiendo tierras(…); al ser intermediarios religiosos, tomaron a su cargo las cofradías (…); respetaron la vieja reciprocidad andina, (…); contables de la prosperidad general, promovían acciones jurídicas o contrataban ante notario para defender los intereses colectivos –al mismo tiempo que su condición social– y denunciaban los malos tratos”[5].
Con todo, el Derecho y la justicia estuvieron en el centro de la relación colonial. Las instituciones que dividían el territorio (virreinatos, audiencias, corregimientos, municipalidades) eran jurisdicciones territoriales, y las autoridades que las encabezaban (virreyes, presidentes y oidores, corregidores, tenientes-corregidores y alcaldes) eran sobre todo jueces cuya jerarquía representaba otros tantos niveles de apelación para los procesos judiciales que instruían y resolvían. En el último escalón estaba el rey con su Consejo de Indias. Así en la relación colonial, en las percepciones fiscales y las obligaciones de trabajo de los indios, la justicia se situó en el centro de las relaciones sociales.
La implementación práctica de las relaciones jurídicas coloniales estaba en manos de jueces legos mientras que los letrados, los oidores, estaban alejados de la resolución de conflictos. Se puede decir que el personal subalterno, que se encargaba de tramitar las demandas hasta la sentencia  los escribanos y los relatores, era el último contacto de los oidores y jueces con la causa.[6]
Y a esas prestaciones de la justicia también tenían acceso los indios del común, pero bajo una consideración en minoría de edad. Aunque se hallaban bajo la protección, al menos formal, del rey, solo podían acceder a la justicia a través de un Protector de Indios. Los indígenas no se privaron de hacer llamamientos la misericordia real, y la propia monarquía reconocía esas invocaciones, que fueron gobernadas mediante una legislación que establecía la protección contra los abusos y maltratos, además de sus obligaciones.
La población indígena fue adscrita a la condición jurídica de “miserables y rústicos”. Se entendía que por su condición subalterna no tenía capacidad jurídica de ejercicio, no podía disponer de sus bienes, ni ejercer su libertad. Los Protectores de Indios eran curas, fiscales de las audiencias y luego funcionarios especializados, que representaban a los indígenas actuando como procuradores en los juicios que se ventilaban en segunda instancia ante el corregidor de los españoles. Sus demandas judiciales tenían la orientación de suplir la disminuida capacidad de ejercicio de los indígenas, además eran ejercidas también por curadores, protectores e inclusive por los propios encomenderos.[7] Había una administración de justicia formal en medio de un contexto colonial que tendía a un improbable respeto de los derechos a causa de la correlación de fuerzas.
El Derecho fue una expresión, en medio de un modelo de antiguo régimen, de una manera de gobernar, y una relación que establecía el soberano con sus súbditos, hecha de obligaciones y derechos recíprocos. En la Recopilación de Leyes de Indias se protegía formalmente a los indios para la defensa de sus derechos, que el soberano tenía la obligación de reconocer y hacer aplicar. Así la administración de justicia fue una institución fundamental de la colonización española en América entre los siglos XVI y XVIII.
La violencia de la relación colonial, los derechos reconocidos, y el uso de los procesos legales por los indígenas deben ser considerados juntos. En esta conjunción se puede comprender la capacidad del sistema colonial para reproducirse. Por un lado, los conflictos se llevaban a la justicia contribuyendo a mantener las relaciones políticas coloniales y facilitando la incorporación de normas que articulaban los componentes de la relación de dominio. Por otro lado, la inserción de aquellos que usaban el Derecho imperial en el seno de las relaciones locales parroquiales -la administración de justicia indígena- aligeraba las tensiones que eran gestionadas dentro de la misma sociedad colonial.        





[1] HERZOG, Tamar. Colonial Law and “Native Customs”: Indigenous Land Rights in Colonial Spanish America. The Americas, 69(3), 2013. Pags. 303-332.   
[2] ZAIBERT, Leonardo; GRACIA, Jorge; “Latin American philosophy of Law”. En GRAY, Christopher Berry (ed.). The philosophy of law: an encyclopedia. Routledge, 2013. Págs. 483-486.
[3] HERZOG, Tamar. 2013. Op. Cit. Pags. 303-332.   
[4] POLONI–SIMARD, Jaques; “La América Española: Una colonización de antiguo régimen”; en FERRO, Marc (Dir.), El Libro negro del Colonialismo. Siglos XVI al XXI: del exterminio al arrepentimiento. Siglos XVI al XXI: del exterminio al arrepentimiento;  La Esfera de los Libros, Madrid 2005. Págs. 215-239. Pág. 220.
[5] POLONI-SIMARD, Op. Cit. Págs. 226-227
[6] HERZOG, Tamar;  “Sobre la cultura jurídica en la América colonial (siglos XVI-XVIII)”; Anuario de Historia del Derecho Español, Nro. 65, 1995. pp. 903-911.
[7] GUEVARA GIL, Jorge A.; Propiedad Agraria y Derecho Colonial, Los Documentos de la Hacienda Santotis Cusco (1543.1822); Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1993. Págs. 94-95

lunes, 8 de agosto de 2016

El contrato social criollo de la república

                                                                                    Pável H. Valer Bellota
"Jura de la Independencia"  Pintura de Damaso Casallo Diaz
La independencia del Perú fue traicionada en el mismo momento de nacer. Los pueblos originarios peruanos lucharon de manera consecuente, a lo largo del siglo XVIII, contra la opresión colonial. Pero vencidas sus insurrecciones, y ahogada en sangre la revolución cusqueña de 1814, la élite indígena ya no pudo plantear programas para fundar un nuevo país, incluyente de todas las identidades nacionales. Así, el panorama estaba abierto a la acción de un solo grupo social poderoso: la aristocracia criolla hispana.
Los criollos hispanos tenían todo a favor de la independencia. El virreinato había sido herido gravemente por la insurrección de Tupac Amaru, además España se encontraba en crisis económica por la baja producción de las minas, las reformas Borbónicas de libre comercio habían provocado el descontento de los comerciantes y la creación del Virreinato del Río de la Plata  había debilitado a la burocracia en Lima.[1] Entre 1808 y 1825 todos los factores conspiraron a favor de la emancipación: las revoluciones en Europa, la independencia de Estados Unidos, las doctrinas constitucionales de Cádiz, la fe romántica de los libertadores, las ambiciones políticas de las oligarquías criollas, la difusión de las ideas de Rousseau y los enciclopedistas, y la decadencia del imperio.[2] El plato de la libertad estaba servido.
Sin embargo, a pesar de aquellos vientos favorables, la clase alta de criollos hispanos se mantuvieron fieles al Estado colonial. Su economía dependía de los privilegios del virreinato y no estaban convencidos de la necesidad de la independencia. Temían que la experiencia de la rebelión de Tupac Amaru, en caso de movilizar a los indígenas en nombre de la independencia, pudiera originar un levantamiento social contra ellos.
Así, la independencia del Perú tuvo que ser impuesta a las oligarquías criollas des­de afuera. El colapso del antiguo régimen se debió a la intervención de ejércitos foráneos, primero las fuerzas de José de San Martín, y luego el ejército de Simón Bolívar que derrotó definitivamente a los realistas en la Batalla de Ayacucho.
Los criollos ilustrados padecían una languidez ideológica. Una parte de aquellos –considerados por la historia oficial como los ‘precursores’ de la independencia– que publicaron el periódico el Mercurio Peruano en 1791, no planteaban liberarse del dominio español, sino, pedían solo determinadas concesiones dentro del marco colonial. Reclamaban que les devolvieran los privilegios que gozaban en la era pre borbónica. [3] Esos intelectuales se mostraban partidarios de una política cultural de hispanización que comprendía la imposición del castellano, el cuidado de las costumbres españolas como manifestaciones culturales que todos los peruanos debían practicar, y sobretodo el olvido de la grandeza del pasado prehispánico. 

"Convivencia y amor a la materia"  Damaso Casallo Diaz
Este es el panorama en el que surge el contrato social criollo, que dio forma a la mayoría de las Constituciones del siglo XIX. Se trata de un acuerdo dentro de la élite dominante –conformada por el grupo criollo hispano– que funda un sistema político sin interlocutores, sin un contrapeso social de equilibrio democrático. En este contrato esta ausente el indio, y sólo incluye a una fracción minoritaria criolla de la población que se corona a sí misma como la ‘nación’, como el modelo cultural al cual se deben parecer obligatoria y paulatinamente los grupos sociales ‘vencidos’. El contrato social criollo instaura lo que Bonfil Batalla denomina un falso Estado[4] y, más precisamente, un falso contrato social en el que falta una parte fundamental del acuerdo político constitucional.
El contrato social criollo organizó un Estado orientado al dominio de los pueblos por parte de los herederos de los privilegios coloniales. A los indígenas, herederos de la época tawantinsuyana, considerados con insuficientes méritos históricos y políticos, se les negó la condición de ciudadanos. La nueva república reconoció como sujeto de la democracia sólo a un pequeño segmento de la población, así las mayorías fueron expulsadas del contrato que fundó la República del Perú. Las élites les consideraron objetos y no sujetos de derechos políticos.
La independencia dirigida por los criollos fue una revolución política, no una revolución social. Ellos, finalmente, rompieron con España, pero no modificaron las estructuras coloniales de dominación; estaban interesados en utilizar en su provecho esos mecanismos coloniales pero no en derribarlos.
La independencia no significó un cambio en la condición social de los pueblos del Perú, sino que en muchos casos empeoró su exclusión. El modelo político virreinal de las dos repúblicas –la de indios y la de españoles– fue retomada y renovada. Los criollos hispanistas diseñaron un concepto de superioridad y de racismo anti-indígena como base de su imaginario político, éste fue el discurso legitimador del despotismo de los gamonales terratenientes. El orden oligárquico que se implantó en la república peruana utilizó este imaginario racista para sustentar la dominación capitalina del centralismo, de la misma manera que lo hicieron antes las elites virreinales. Así fue traicionada la libertad y anulada la posibilidad emancipadora de la independencia.



[1] Skidmore y Smith, Thomas; Smith, Peter; “Perú: soldados, oligarcas e índios”; en Historia Contemporánea de América Latina (Cap. 6.), Ed. Crítica, Grijalbo Mondadori;  Barcelona 1996. Pág. 206.
[2] MANRIQUE, Luis Esteban G.; De la invasión a la globalización. Estados, naciones y nacionalismos en América Latina; Política Exterior, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006. Pág. 104
[3] Rodríguez García, Margarita Eva“El criollismo limeño y la idea de nación en el Perú tardocolonial”; en Araucaria, Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades; Año 4, Nº 9 Primer semestre de 2003.
[4] Bonfil Batalla; Identidad y pluralismo cultural en América Latina; Fondo Ed del CEHAS y Ed. Universidad de Puerto Rico; Buenos Aires 1992. Pág. 52.

martes, 3 de mayo de 2016

El constitucionalismo incompleto de América Latina

Pintura de Joselito Sabogal
El constitucionalismo en América Latina es una promesa incumplida, una declaración semivacía,  inconclusa y trunca. No ha logrado plasmar la promesa de emancipación de los pueblos ni de los individuos por que no ha alcanzado a instaurar el poder público –el poder de todos– estableciendo instituciones colectivas que abran la puerta a la libertad y a la participación ciudadana plena.
Roberto Gargarella presenta en Latin American constitutionalism, 1810-2010: the engine room of the Constitution[1], libro publicado por la Universidad de Oxford, la historia constitucional de América Latina caracterizada por la tensión entre tres modelos constitucionales que ofrecen enfoques opuestos respecto a los ideales de la autonomía individual y la autonomía colectiva. El modelo republicano/radical que valora la autonomía colectiva con el culto a las mayorías -“mayoritarismo” político- y el populismo moral como sus dos características centrales. El modelo conservador, basado en la idea de perfeccionismo moral y elitismo político, propone que la sociedad debe organizarse de acuerdo con un proyecto moral integral y ser gobernada por unas pocas personas “capaces”. El modelo liberal, que defiende la neutralidad moral del Estado y el equilibrio de poderes a través de un sistema de pesos y contrapesos destinados a proteger la autonomía del individuo contra el abuso del poder (del gobierno).
A principios del siglo XIX se juntaron los modelos conservador y liberal, e impusieron sus ideales en la mayoría de las constituciones. Esta aproximación liberal-conservadora fue motivada por su antagonismo común hacia el modelo republicano/radical, al que veían como una amenaza para la libertad individual y el “derecho” de las élites de gobernar de acuerdo a los valores tradicionales. Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX el bloque liberal-conservador creó constituciones que fueron adversas a la participación política amplia, organizó instituciones que concentraban el poder en el presidente como autoridad del poder ejecutivo. Estas constituciones reconocieron derechos civiles pero restringieron los derechos políticos reservándolos solo para algunos privilegiados, en sus textos estaba ausente el compromiso social a favor de las clases populares.
Desde la década de 1930 la alianza liberal-conservadora tuvo que adaptarse a una nueva realidad socio-económica. El proceso de industrialización y urbanización daba lugar a una clase obrera emergente que exigía cada vez más derechos y participación en la vida pública. El viejo orden excluyente era difícil de mantener en este nuevo contexto de descontento, y los elementos del modelo republicano/radical comenzaron a ser incorporados para dar cabida a las nuevas demandas de derechos sociales y de sufragio universal. Esto dio lugar, a lo largo del siglo XX, a respuestas diferentes desde el  constitucionalismo: la alternativa autoritaria, en oposición a las nuevas transformaciones; la alternativa populista, con el objetivo de conciliar los intereses de clase; y la alternativa socialista.[2]
Portada de Latin American Constitutionalism
Desde finales de la década de 1980, con el fracaso de las dictaduras militares, se produjo una transición hacia los gobiernos democráticos. Entonces surgen constituciones que reaccionan contra el pasado autoritario. En estas nuevas Cartas se ampliaron los derechos humanos incluyendo no sólo derechos civiles y políticos, sino también derechos sociales, económicos y culturales. Sin embargo, la estructura de poder se mantuvo, continuó la concentración de la autoridad en el jefe del ejecutivo: el presidente. Se expandieron los derechos pero las constituciones siguieron siendo hostiles a las demandas sociales y a la participación de los ciudadanos en el gobierno y en el control de las instituciones políticas.
Se trata de constituciones contradictorias por que prometen proteger a los ciudadanos mediante la difusión de los derechos pero, al mismo tiempo, limitan su participación democrática mediante la preservación de una organización centralista y vertical del poder que permite a los presidentes ejercer fuerte influencia, cuando no dominio, sobre el poder judicial y el legislativo. Estas constituciones mantienen y fortalecen un híper-presidencialismo que pone en peligro la libertad individual de las personas neutraliza o debilita el progreso hacia la igualdad y la ciudadanía plena. De esta manera contrarrestan la autonomía privada que los derechos reconocidos prometían hacer posible.
En las últimas dos décadas las constituciones de América Latina han sido generosas en la afirmación de derechos fundamentales. Pero, junto con esta generosidad, han coexistido graves violaciones de esos mismos derechos, una realidad social en crisis, la pobreza, el desempleo, la privación (o el deterioro) de la protección social de la mayor parte de los ciudadanos.  Los constituyentes concentraron sus energías en la sección de derechos, pero no pudieron hacer frente a los retos que la organización del poder planteaba para fundar una sociedad más proclive a la participación democrática.
Hay una matriz institucional en las constituciones de América Latina, creada por la alianza liberal-conservadora, que concentra el poder político en los presidentes. Esta matriz puede explicar por qué las constituciones no han logrado garantizar la estabilidad política, fomentar la inclusión social y política, o han hecho poco para proteger la autonomía individual, y han favorecido una distribución extremadamente injusta de los recursos y del poder. El constitucionalismo latinoamericano, al convertirse en instrumento para conservar el poder de las élites, no pudo incorporar el modelo democrático constitucional en el diseño de sus instituciones y sus relaciones políticas.
Sin embargo, esta matriz institucional viene siendo retada por las nuevas corrientes de pensamiento –y de acción– constitucional. El momento constitucional latinoamericano es el de un nuevo constitucionalismo, que comparte los tiempos con otras corrientes que proponen fundar un modelo democrático constitucional.[3]
Este “nuevo constitucionalismo latinoamericano” comprende a los procesos constituyentes, y a su resultado, de algunos países de América Latina en los últimos años del siglo XX y la primera década del XXI[4]. En especial los de aquellos en los que los desbordes populares de creación democrática resultaron en nuevas constituciones que reafirmaron y reconocieron nuevos derechos, así como crearon instituciones democráticas de participación y control popular del poder político. Hay una intención transformadora en las constituciones más progresistas de ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, este es el caso de Venezuela (1999), de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009).
¿Será esta intención democratizadora suficiente para crear una ciudadanía plena y una sociedad emancipada, libre ya de las cadenas de la colonización, en nuestra América? Desde el razonamiento de Gargarella se podría decir que el nuevo constitucionalismo latinoamericano ayudará a este objetivo si logra reformar la organización del poder con el fin de materializar los compromisos reconocidos en las declaraciones de derechos, si logra instaurar un constitucionalismo igualitario compuesto por dos ideales: la autonomía colectiva y la autonomía individual. Las reformas no solo deben comprender la sección de derechos de las constituciones, sino  deben cambiar la forma como se organiza el poder, deben reducir la concentración de ese poder y aumentar la participación política popular.




[1] GARGARELLA, Roberto. Latin American constitutionalism, 1810-2010: the engine room of the Constitution. Oxford University Press, 2013.[El constitucionalismo Latinoamericano, 1810-2010: el cuarto de máquinas de la Constitución]
[2] Ibid.
[3] Las constituciones que pueden ser ubicadas como parte de este nuevo momento constitucional son las de Brasil (1988), Costa Rica (1989), México (1992), Paraguay (1992), Perú (1993), Colombia (1991), hasta Venezuela (1999), Ecuador (1998 y 2008) y Bolivia (2009).
[4] SALAZAR UGARTE, Pedro. El nuevo constitucionalismo latinoamericano (una perspectiva crítica). En GONZÁLEZ PÉREZ, Luis Raúl y VALADÉS Diego (coords.), El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo, México, UNAM, 2013.

jueves, 17 de septiembre de 2015

El centralismo cultural en el Derecho y las ciencias sociales

                                                                                                                Pável H. Valer Bellota
"Diablo" Danzante en la fiesta de La Candelaria. Puno
Foto: Luis Rodriguez
Las ciencias sociales, de manera tradicional, crean campos oscuros para la investigación, la producción de conocimiento y el debate intelectual. Las ciencias hegemónicas, al servicio de los poderosos, tienen una especial predilección por los temas que les sirven para mantener el statu quo social y para la exacerbación de los mecanismos de dominación.
Un proceso determinado de producción del mundo material “promueve” una particular forma de ciencia, una estética específica, un Estado y un Derecho adecuado a la conservación y al fortalecimiento de la jerarquía. En el dialogo entre el mundo de la producción y la Cultura-Estado-Derecho, el campo jurídico es una forma más de sustentar una especial superioridad de unos sobre otros. En estas tramas de implantación y “normalización” de la hegemonía, la ley se convierte en un discurso con poder de coerción, un discurso deóntico capaz de obligar las conductas, una forma cultural de mandar. La ley y las instituciones de dominio estatal sirven a sus creadores para sustentar sus intereses.
Esa característica conservadora de las ciencias sociales hegemónicas se combina en  muchos países en América Latina con el centralismo cultural. No solo los modelos políticos de los Estados son organizados de manera centralista, concentrando las decisiones políticas más importantes para la vida de los ciudadanos en un foco geográfico, y en un grupo social conformado por personas pertenecientes a las jerarquías económicas. Sino, también, las decisiones sobre las materias que las ciencias sociales deberían escudriñar son tomadas por esos grupos adueñados de los Estados centralistas, de las instituciones productoras de saber, y del poder de nombrar. De esa manera son olvidados, de forma deliberada, los temas de investigación que podrían poner en riesgo el status quo social.
El centralismo cultural contiene una fuerza –un poder de nombrar–  que determina lo que es valioso para el conocimiento y lo que es dogmáticamente apreciable en la investigación social. No es extraño que en países con un régimen político y cultural centralista los temas de la multiculturalidad –que tocan aspectos del malestar de las culturas– sean recluidos en el baúl de las cosas extrañas y olvidadas.
La mayor parte de las sociedades políticas de América Latina promueven un centralismo cultural en medio de sus realidades nacionales multiculturales. Son sociedades en los que los discursos políticos criollos, y el imaginario hegemónico, dibujan un Estado con una sola lengua, una sola cultura, una única ciencia oficial; cuando sus escenarios están caracterizados por la existencia en un solo país de varias naciones: originarias y nuevas, indígenas y criollas, rurales y urbanas.
Volumen 4 de "Pluralidades"
El Derecho y las ciencias que lo estudian no escapan de esta dicotomía de desconocimiento enfermizo de la multiculturalidad. La jurisprudencia propia del centralismo cultural busca dotar de herramientas teóricas a la legitimación de los discursos e imaginarios monoculturales. Para esta visión de las ciencias del Derecho no existe el pluralismo jurídico, la multiculturalidad de la sociedad no debería ser materia que conmueva a las normas jurídicas del Estado. Para este enfoque rancio, el Derecho debe contener únicamente normas y mandatos y, además, debe investigar con unos tapaojos que permitan mirar solo la letra negra de las normas jurídicas, que admita indagar y conocer solo la ley, el código y el reglamento. Así,  las relaciones entre las culturas son un tema vedado del ámbito jurídico y es expulsado de la investigación oficial que la Academia promueve. 
El centralismo cultural busca la instauración de una sola nación en países multiculturales, propone un proyecto quimérico de “perfección cultural” –a imagen de sus patrocinadores– que no es defendible desde una elemental teoría de la democracia. Es más bien un propósito autoritario que busca implantar la dictadura de un solo grupo étnico nacional: fundar un autoritarismo político-cultural que oprima a los pueblos considerados “minorías”.

En este contexto oscuro es como la luz de una ventana trascendental la circulación de Pluralidades,revista para el debate intercultural, que este año (2015) alcanza su cuarto volumen. Su publicación es hecha desde Puno, una ciudad pequeña alejada miles de kilómetros de Lima, la aplastante capital política –simbólica y cultural– del Perú, por intelectuales interdisciplinarios. Este grupo de discusión busca, mediante varias actividades de proyección social, que se reconozcan derechos fundamentales a través de una interculturalidad emancipadora y se refunde la legitimidad del modelo político a través del regreso a las raíces culturales andinas.
Pluralidades, revista para el debate intercultural, pretende crear herramientas teóricas para fundar una sociedad diferente a la propuesta del centralismo cultural, y en esta tarea se embarca en análisis y discusiones desde varias disciplinas. De hecho, la emancipación de las culturas originarias no es una tarea que pueda pensarse desde una sola visión, sino requiere de perspectivas que van desde la filosofía política al Derecho, desde la antropología a la crítica postcolonial feminista, etc. con la intención de incluir a todos y todas las criaturas de estos reinos múltiples en sus naciones y culturas.
El debate desde las ciencias del Derecho tiene que enriquecerse con los aportes de otras ramas del conocimiento. El primer artículo de esta revista (escrito por Boris Espezúa, jurista y poeta puneño) tiene un contenido de Derecho Público, centrado en la necesidad de tomar en cuenta la identidad cultural para hacer posible una interpretación de la Constitución Política abierta al punto de vista y a las necesidades culturales de los ciudadanos de a pie ¿Pero cómo hacer esta interpretación sin conocer los significados de las culturas? Para esto Pluralidades agrupa reflexiones en torno a la coexistencia de “sociedades paralelas” (de Pino y Riquelme),  a cerca de la “felicidad sostenible y racionalidad” (de Ramos Lucana), sobre “ordenamiento territorial” (de Escalante Solano), e “interculturalidad y descolonización feminista” (de Medrano Valdez), además de una interesantísima entrevista a Javier Medina, el destacado intelectual fundador del Instituto de Historia Social Boliviana.
Leer estos textos dotados de una ejemplar intención contraria al centralismo cultural, escritos para convertirse en propuestas contra-hegemónicas, es un acto para la libertad, es, sin duda, una de las hermosas micro-revoluciones individuales y permanentes que la emancipación social necesita. 

martes, 29 de julio de 2014

La Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Cusco

                                                                                                                Pável H. Valer Bellota
Portada de la Revista de la Facultad de Derecho
Nro. 4. 1965
Hace más de seis décadas, en 1948, comenzó a publicarse la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cusco (UNSAAC). Fue una de las primeras que, desde las universidades peruanas, se ocuparon del campo jurídico, con un contenido renovador de considerable impacto en el ámbito académico nacional y latinoamericano. El camino que ha recorrido puede ser ordenado en varias etapas, en atención a los periodos históricos que la influyeron, al devenir ideológico que expresó y a las circunstancias sociales y políticas que la rodearon.
La primera etapa corresponde a la aparición de la primera Revista, en 1948. Entonces se percibían aún los ecos de las publicaciones que, desde 1860 hasta 1920, editó el Colegio de Abogados del Cusco. Esta tendencia editora tuvo que haberse combinado con el impulso que imprimió la Reforma Universitaria de 1909 que abrió espacio a una resonante vanguardia intelectual. Los resultados positivos de la reforma universitaria cusqueña dieron fruto en la Facultad de Derecho de manera tardía, con la publicación de la primera Revista. Fue durante el decanato de Cesar A. Muñiz que salió a la luz el primer número, bajo su dirección y su arrastre personal.
La segunda etapa comprende los números 2º (1964) al 5º (1965) que se publicaron cuando era decano Ferdinand Cuadros Villena, y al número 6º (1971) publicado bajo la dirección Enrique Holgado Valer[1]. Esta etapa se relaciona a la llamada “edad de oro de la Facultad de Derecho” en la que logran conjugarse los impulsos progresistas de un grupo de profesores de izquierdas -encabezados por el mismo Cuadros Villena y otros docentes como Carlos L. Valer Portocarrero- con los fines de investigación propios de la universidad.
La idea que inspira los cinco números que componen esta etapa es la necesidad de crear una “conciencia jurídica nacional” para solucionar los grandes problemas del país. Para lograr este fin los intelectuales de la Facultad de Derecho plantean que debería superarse “el modelo de la universidad teologal que sirve únicamente a la profesionalización”[2]. Advierten la necesidad de una renovación universitaria substancial más acorde a los tiempos de cambio de las estructuras sociales del Perú, y exponen que uno de los componentes indispensables de un nuevo tipo de Facultad, junto con la extensión universitaria, es la investigación de “la realidad socio-jurídica nacional y la formación de un derecho destinado a promover la transformación de la sociedad peruana y conseguir que se realicen los postulados de la democracia en los planos económico, político y cultural”.[3]
"Facultad de Derecho".
Foto: Philippe Noguchi
Los editores de la Revista conciben entonces que la Facultad de Derecho no puede “desentenderse de las múltiples exigencias de un mundo nuevo”, sino que “debe contribuir a la creación y al imperio de un orden justo de vida, no pudiendo permanecer como simple espectadora de la vida nacional”, sino que debe ser su protagonistaEl propio Cesar A. Muñiz resalta que “toca en suma investigar y encontrar los ideales de la verdadera justicia social del pueblo peruano, contribuyendo también a la formación de un pensamiento filosófico jurídico propio de nuestra América Latina”. [4]
El ímpetu transformador de la Revista de Derecho fue cercenado de manera abrupta por los hechos políticos que envolvieron a la sociedad cusqueña. Durante la década del sesenta se produce el gran levantamiento campesino indígena exigiendo la reforma agraria: el núcleo de docentes de la Facultad, editores de la Revista, que impulsaron abiertamente este movimiento emancipador, fueron perseguidos por el régimen político, y varios de ellos fueron confinados en las cárceles como el “Cepa” y el Frontón.[5]
Luego de la represión contra los profesores de izquierdas, tuvieron que transcurrir seis años para que la Revista reapareciera en abril de 1971, con artículos que muestran las primeras influencias decididas de las teorías que conciben el estudio de la dogmática del Derecho como contenido único y puro de la “ciencia jurídica”. Aunque todavía se aprecian trabajos que buscan analizar la reforma de la educación decretada por el régimen de la Junta Militar de Gobierno y sus implicancias para la universidad peruana. Nuevamente los hechos políticos determinaron que la Revista dejara de ser publicada: en 1972, como respuesta a las potentes manifestaciones del movimiento estudiantil, la UNSAAC fue intervenida por el gobierno militar mediante una “Comisión Reorganizadora”.  
La tercera etapa de la Revista de la Facultad de Derecho abarca los números 7º (1990) y 8º (1997) editados durante los decanatos de Florencio Díaz Bedregal y de José Béjar Quispe, respectivamente. Tuvieron que transcurrir 19 años de silencio de la Revista debido a que buena parte de la década del 70 la UNSAAC estuvo intervenida por el gobierno, regida por decretos del régimen militar. Fue recién en 1982 que se logra desprender de la tutela que violaba su autonomía, con la promulgación de la ley 23733 (Ley universitaria “Alayza–Sanchez”).
La vuelta a la institucionalidad de la Facultad de Derecho tomó casi toda la década del 80. Una de las expresiones de esta vuelta a la normalidad es la Revista Número 7º (1990), editada en homenaje al 199º aniversario de creación de la Facultad de Derecho[6], con artículos más bien breves que abandonan –excepto los artículos sobre historia de la Facultad y el Paraninfo– los ánimos investigadores del binomio derecho y realidad social, que habían caracterizado a la segunda etapa de la Revista. En cambio, se percibe la influencia sobresaliente de la metodología del legalismo y el formalismo positivistas.
El número 8º (1997) sale a la luz después de transcurridos seis años de la publicación de su predecesor. No pudo cumplirse la intención institucional que fuera anual, debido al recorte de presupuesto, expresión de una práctica del  gobierno peruano de no asignarle fondos suficientes a la Universidad pública.[7]
"Reloj y libros" Foto: Leona
Es necesario mencionar un fenómeno académico muy importante: durante la tercera  etapa se publican revistas dirigidas y gestionadas por los estudiantes. Una de las primeras es “La Rotativa Jurídica” (1986)[8]que alcanzó dos números con artículos de contenido político-jurídico enfocados en la coyuntura social. Se tocan, por ejemplo, temas como la militarización y la masacre de los penales en Lima[9], el derecho socialista[10], la deuda externa[11], y comienza a popularizarse el entendido que la fundación de la Facultad de Derecho del Cusco fue en 1791[12].
Otra de las publicaciones importantes de los estudiantes es la “Revista Jurídica Temas de Derecho” que produjo dos números, el primero editado en 1992 en homenaje al bicentenario de creación de la Facultad de Derecho y al tricentenario de fundación de la UNSAAC. Esta revista salió a la luz en medio del conflicto armado interno, una de las más graves coyunturas económicas y sociales por las que atravesó el Perú, con la declarada linea editorial de “formar investigadores jurídicos que planteen alternativas ante el sistema legal en crisis (…) y para tender vínculos de integración, comunicación e intercambio con quienes tienen que ver con el derecho y la sociedad”.[13] El segundo número de “Temas de Derecho” (1993) amplió su cobertura a las Facultades de Derecho del Sur del país.[14]
En la primera década de este siglo aparece “Yachaq, Revista de Derecho” que alcanzó seis números (el último publicado en 2010) con artículos orientados a temas de derecho privado y empresarial en su mayoría escritos por académicos de universidades limeñas, además de investigaciones sobre teoría y filosofía del derecho de autores extranjeros.
Desde mediados de los 80, las revistas editadas por los estudiantes constituyen una tendencia significativa e imparable. La inquietud publicadora ha dado lugar a la organización de varios centros e institutos de investigación. Un hecho curioso, por ejemplo, es la “reaparición” de “La Rotativa Jurídica” en 2010, editada esta vez por el Instituto de Investigación de Derecho y Justicia.[15]   
De manera lamentable, la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas ha dejado de ser publicada nuevamente durante un exorbitante tiempo, hace ya 17 años. Producto de causas externas, ha cundido en la Academia cusqueña una especie de desánimo, de pereza intelectual y vacaciones del intelecto que es necesario superar, más aún cuando la universidad es preciada ya no únicamente por la parca formación profesional que logra proveer, sino principalmente por su proyección social, su creación intelectual y sus labores de investigación, que son fines primordiales de su existencia. La Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNSAAC debería continuar con su noble tradición histórica y emprender en libertad, con una energía institucional renovada, emancipada ya de dictaduras y restricciones, una cuarta etapa de su edición.




[1] PROGRAMA ACADEMICO DE DERECHO; Revista de la Facultad de Derecho, Nro. 6, Cusco 1971. A partir de este número las revistas de la Facultad ya son editadas como fruto del esfuerzo de un “Comité de Redacción”; al parecer dejan de ser parte del esfuerzo institucional de la Facultad para convertirse en fruto del emprendimiento de pequeños grupos de profesores sensibilizados con la producción intelectual como fin de la universidad.
[2] FACULTAD DE DERECHO; “Objeto y fines de la Facultad de Derecho”, proyecto de resolución en la I Convención de las Facultades de Derecho del Perú; en Revista de la Facultad de Derecho, Nro. 2, Cusco 1964. Págs. 53-56
[3] CUADROS VILLENA; “La investigación de la realidad socio-jurídica, fin primordial de las Facultades de Derecho”, proyecto de resolución en la I Convención de las Facultades de Derecho del Perú; en Revista de la Facultad de Derecho, Nro. 2, Cusco 1964. Pág. 58.
[4] MUÑIZ R., César A.; “Fines de las Facultades de Derecho”¸ Revista de la Facultad de Derecho, Nro. 2, Cusco 1964. Págs. 5-16.
[5] TAMAYO HERRERA, José; “Historia integral de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cuzco: nueva visión sintética desde la perspectiva teórica del siglo XXI”; en El Antoniano, Nro. 122, UNSAAC, Marzo de 2013. Págs. 23-57. [p.49-50]
[6] FACULTAD DE DERECHO; Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Nro. 7, Universidad de San Antonio Abad del Cusco, 1990. El “Consejo Editorial” de este número esta conformado por los docentes José Bejar Quispe y Luis A. Aragón Ibarra, además del Sr. Víctor Lovon Torres y el estudiante Elver Pizarro Pillco.
[7] BEJAR QUISPE, José; “Prologo”; en: FACULTAD DE DERECHO; Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Nro. 8, Universidad de San Antonio Abad del Cusco, 1990.
[8] FACULTAD DE DERECHO; La Rotativa Jurídica, Revista semestral, Año I, Nro. 2, Hernan Mellado Villafuerte (Dir.); Cusco 20/10/93.
[9] VALER DELGADO, Vladimiro; “Las masacres en los penales de Lima: genocidio exponente de un proceso de autoritarismo y militarización”; en: FACULTAD DE DERECHO; La Rotativa Jurídica, Revista semestral, Año I, Nro. 2, Hernan Mellado Villafuerte (Dir.); Cusco 20/10/93.  Págs. 18-21.
[10] MASIAS Z., Demetrio; “El sistema jurídico socialista”; en: FACULTAD DE DERECHO; La Rotativa Jurídica, Revista semestral, Año I, Nro. 2, Hernan Mellado Villafuerte (Dir.); Cusco 20/10/93.  Págs. 15-17.
[11] LUNA FARFAN, Faustino; “La deuda externa y el derecho financiero y ributario”¸ en: FACULTAD DE DERECHO; La Rotativa Jurídica, Revista semestral, Año I, Nro. 2, Hernan Mellado Villafuerte (Dir.); Cusco 20/10/93.  Págs. 25-30.
[12] DIAZ BEDREGAL, Florencio; “Notas sobre la enseñanza del derecho en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco”; en: FACULTAD DE DERECHO; La Rotativa Jurídica, Revista semestral, Año I, Nro. 2, Hernan Mellado Villafuerte (Dir.); Cusco 20/10/93.  Págs. 7-14.
[13] TORRES ROSELLO, Juan Carlos; “Nota Editorial”; en Revista Jurídica Temas de Derecho; Consejo de Investigación de la UNSAAC, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Cusco 1992.
[14] UNSAAC, Universidad Nacional del Altiplano (Puno), Universidad Andina del Cusco, Universidad Néstor Cáceres Velásquez (Juliaca) y Universidad de Apurimac (Abancay)
[15] INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE DERECHO Y JUSTICIA; Revista la Rotativa Jurídica; Nro. 1, Ronald Hancco Lloclle (Dir); Cusco, Octubre 2010. Agradezco la colaboración del Carlos Rodriguez Casaverde, estudiante de la Facultad de Derecho, que me proporcionó un ejemplar de esta publicación.